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Tiene derecho a una Indemnización

CIERRE DE EMPRESAS, COMERCIOS y ACTIVIDADES
por ESTADO DE ALARMA

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Tiene Derecho a Reclamar

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Resulta pacífica la doctrina que señala que la institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública descansa sobre la base de un sistema de responsabilidad de carácter directo y puramente objetivo, al margen, por lo tanto, de toda idea de culpa.

Esta primera idea del carácter directo y objetivo de la responsabilidad de las Administraciones quedaba regulado en la Ley 30/1992 (LRJ-PAC), ─norma modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero─, e incluso ya se consideraba tal naturaleza en textos legales de hace décadas (Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 ó Ley de Expropiación Forzosa de 1954). Resulta relevante que aquella norma preconstitucional de 1.954 ya dirigía la responsabilidad de la Administración incluso a supuestos de “funcionamiento normal”, lo que, por tanto, incluye los daños causados involuntariamente o, al menos, con una voluntad meramente incidental, es decir, no dirigida directamente a producirlos. Sea este recordatorio meramente ilustrativo, toda vez que el carácter voluntario y decidido del art. 10 del RD 463/2020 no puede conferir duda alguna sobre la manifiesta voluntariedad de la Administración de decretar el cierre súbito de los establecimientos comerciales, bajo el amparo de la crisis sanitaria.

La lesión de un derecho jurídicamente protegido del que es titular un particular (v.gr. la apertura autorizada de un establecimiento comercial) puede ocasionarse tanto por la actividad –jurídica o material- de la Administración, (decreto de cierre) y desde luego también por la inactividad ─el comúnmente conocido como daño por omisión─ y que exige la inobservancia por la Administración de un previo deber jurídico de actuar en un determinado ámbito.

De lo anterior se deduce que la sola iniciativa legislativa por parte de la Administración del Estado, al dictarse el Real Decreto en cuyo seno se ordenaba el cierre de los establecimientos comerciales ya es causa de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, y por tanto resulta susceptible de resarcimiento a favor del titular del establecimiento obligado a cesar su actividad abierta al público. La relación causal entre el acto regulador ─art. 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de declaración del estado de alarma─ y la lesión del derecho al particular ─pérdida del derecho de apertura del establecimiento autorizado para ello─. Y desde luego tal circunstancia provoca un daño económicamente cuantificable e individualizable en el ámbito de esa actividad comercial y su titular, tanto por un evidente daño emergente (la pérdida de clientela, actividad y ventas) como de pérdida de la oportunidad de obtener el legítimo beneficio comercial en la actividad durante el periodo de cierre de dicho establecimiento (lucro cesante). Concurren por tanto los requisitos formales exigibles de lesión, causalidad y daño efectivo.

Esta inobservancia de la Administración de sus deberes de alerta sanitaria pudiera constituir, como se verá, una forma de culpa in vigilando por parte de la Administración, al disponer de organismos cuya misión precisamente consiste en mantener una vigilancia activa sobre la existencia de amenazas para la salud de la población, coordinando y gestionando esa información de riesgo conocida para apoyar respuestas ante tal circunstancia. En el supuesto de que la Administración no hubiese sido conocedora de la existencia de alguna situación que pudiera entrañar un riesgo para la salud pública de los ciudadanos dicha culpa resultaría más cuestionable. Sin embargo con sobrada antelación ─más de dos meses antes de la declaración del estado de alarma─ ya se conocían por parte de los organismos públicos cuya misión es la comunicación permanente y rápida de situaciones de riesgo para la salud de la población con el propósito de mejorar la prevención y la preparación ante situaciones de riesgo para la salud y la coordinación de las medidas de respuesta cuando exista afectación a nivel nacional o internacional (sic.) las alertas difundidas por diferentes organismos internacionales, sin que la Administración llevara a cabo la comunicación que le es obligada por la propia función pública que le es encomendada por el ordenamiento jurídico, manteniendo una silenciosa pasividad y omitiendo por tanto el ejercicio de dicha función.

Los organismos públicos responsabilizados de igilar, coar, coordinar y establecer medidas rápidas y eficaces ante la sola información de un riesgo para la salud pública ─ Centro Nacional de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES)─, así como los instrumentos de gestión pública para el cumplimiento de las funciones de aquel ─Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR)─ mantuvieron una manifiesta y notoria omisión de algunas de sus funciones para las que fueron creadas y puestas en servicio desde la publicación de los primeros registros de una situación de riesgo internacional (el 31 de diciembre de 2.019) mientras que se multiplicaban las informaciones y comunicaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud y de la propia Unión Europea, y con ello omitiendo las respuestas (prontas y eficaces) que le son exigibles por el Reglamento Sanitario Internacional; omitiendo la obligada detección de los riesgos de salud pública de forma precoz y aplicar medidas de respuesta efectivas cuando todavía el problema es limitado exigidos por su propio marco conceptual y estratégico; omitiendo el desarrollo de una estrategia de gestión proactiva del riesgo y bajo una detección temprana de eventos y respuesta antes de que se conviertan en una amenaza para la salud, que el propio organismo público señala como marco estratégico de renovación de los “sistemas tradicionales” de alerta; y no dando el curso rápido y precoz de establecimiento de mecanismos de coordinación entre todas las redes de interés con un abordaje multisectorial que contempla el Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SNAPRR).

Tambien ha resultado notoria la falta de notificación estandarizada de los riesgos detectados igualmente contenidos en el ámbito del SNAPRR; de realización de la primera evaluación de riesgo para la salud pública a nivel local para proponer las medidas de respuesta adecuadas al nivel de riesgo, que se describe por el SNAPRR; y se hacrían puesto de manifiesto omisiones en las necesarias acciones de coordinación de respuesta entre el sector sanitario y otros sistemas (Protección Civil y el Departamento de Seguridad Nacional) igualmente previstos por el SNAPRR; así como de una ausencia de comunicación permanente y rápida de situaciones de riesgo para la salud de la población Todo ello, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial a favor de los comercios clausurados por el Real Decreto de declaración del estado de alarma, como medida súbita y tardía de contención de la expansión del coronavirus en nuestro país, generaría un gravamen susceptible de catalogación culposa de la inactividad por parte del CCAES en los meses precedentes a dicha orden de clausura temporal de los establecimientos comerciales.

Además, los estados miembros de la Unión Europea forman parte de la Red del ECDC (Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades) establecido en 2.005 como Agencia Europea destinada a fortalecer la defensa de Europa contra las enfermedades infecciosas, bajo una misión pública de identificación, evaluación y comunicación de las amenazas actuales y emergentes para la salud humana que originan las enfermedades infecciosas, con el objetivo de reforzar las defensas de Europa frente a las amenazas graves para la salud pública. La responsabilidad de la implementación de las recomendaciones dirigidas por el ECDC a los Estados miembros de la UE, así como la toma de decisiones, la puesta en marcha de acciones y la forma de aplicar las medidas, corresponde en exclusiva a cada Estado miembro. Además, la Administración (CCAES y SNAPRR) también inobservó reiteradamente la aplicación de medidas y recomendaciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud hasta el 14 de marzo y los organismos que debieron llevar a cabo una comunicación permanente y rápida de situaciones de riesgo para la salud de la población, así como la coordinación de la gestión de la información recibida de la OMS: En Informe de OMS de 29 de enero se recomienda: Uso de mascarillas, evitación de aglomeraciones y el distanciamiento social de al menos 1 metro entre personas, lavarse las manos con solución hidroalcohólica si no están sucias y con agua y jabón si están visiblemente sucias, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo flexionado al toser o estornudar, abstenerse de tocarse nariz y boca.

En informe de OMS de 16 de febrero de 2.020 se recomienda a las autoridades sanitarías de los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres internacionales: Establecimiento de plan y medidas de contingencia como detección de viajeros enfermos, interrogatorio a los viajeros enfermos en relación con el Covid-19, notificación de alertas recibidas a los viajeros enfermos, aislamiento de viajeros enfermos. En informe de OMS de 24 de febrero de 2.020 se recomienda la prevención de eventos de amplificación de la transmisión del virus. Así mismo, el ECDC (Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades) en fecha de 2 de marzo señala que Europa se encuentra en el escenario 2 y en su virtud recomienda asegurar la rápida y completa comunicación a todos los ciudadanos para hacer a la ciudadanía consciente de la necesaria prevención de pandemia y la interrupción de las cadenas de transmisión, así como la implementación de medidas de distanciamiento social (suspensión de reuniones a gran escala, cierre de escuelas o grandes centros de trabajo) así como de distanciamiento individual (autoaislamiento, evitar dar la mano, evitar besar, evitar los transportes en los que se prevea un gran movimiento de personas y evitar las concentraciones masivas y el hacinamiento y cancelar o aplazar los grandes eventos) y otras medidas de naturaleza sanitaria en relación a la protección de los profesionales de la salud y de los preparativos frente a la masiva afluencia de pacientes.

En ninguna de las recomendaciones de los organismos internacionales se señala como medida frente a la expansión de la pandemia cierre indiscriminado de comercios minoristas sino de distanciamiento individual y social y de medidas de protección individual ─medidas plenamente compatibles con la apertura ordenada de los comercios minoristas─. Según el Departamento de Seguridad Nacional, desde el día 2 de marzo y hasta el 15 de marzo de 2.020 se incrementó la mortalidad hasta las 292 personas y los casos contabilizados de personas contagiadas era de 7.792, mientras las autoridades españolas ignoraron estas medidas y recomendaciones del ECDC en relación con los eventos multitudinarios y el grave riesgo de contagio que entrañaban. Existió, por tanto, una notoria conducta omisiva de las recomendaciones de los organismos internacionales por parte de los organismos de la Administración pública en ese periodo.

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