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Tiene derecho a una Indemnización

CIERRE DE EMPRESAS, COMERCIOS y ACTIVIDADES
por ESTADO DE ALARMA

CIERRE TEMPORAL O CIERRE DEFINITIVO:
(*) Coste Inicial único de 295€ + Porcentaje de la Indemnización

En toda España

Reclamamos su Indemnización por Cierre en cualquier parte de España. Solo tiene que contactarnos y NOS OCUPAMOS DE TODO, esté dónde esté.

Le explicaremos cómo hacernos llegar desde cualquier lugar lo necesario para evaluar su caso, calcular el peritaje de su lucro cesante y de todos los daños complementarios que el Cierre y la puesta en marcha de su negocio le hayan causado.

En breve tendremos preparado su pericial y su reclamación ante la Adminstración, redactada por ABOGADOS ESPECIALISTAS.

Tiene Derecho a Reclamar

La declaración del Estado de Alarma le ha obligado a cerrar su negocio, paralizar su actividad, perder sus legítimos beneficios y sufrir un sinfín de perjuicios y daños adicionales para reabrir su actividad.

Tiene derecho a reclamar y TIENE DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN que le compense esas pérdidas y todos los daños. No renuncie a sus derechos. DÉJELO EN NUESTRAS MANOS. Somos Especialistas y vamos a reclamar lo suyo.

Abogados a Porcentaje

Solo tendrá que abonar un gasto mínimo para el peritaje (de 295 euros) y NOS OCUPAMOS DE TODO.

Todo el proceso administrativo está incluido por UN PORCENTAJE DE LA INDEMNIZACIÓN QUE OBTENGA: el Estudio de Viabilidad, el Peritaje Especializado de su lucro cesante y daños complementarios, la Redaccción de la Reclamación por Abogados Expertos en Reclamación de Responsabilidad Patrimonial, la Defensa en todo el proceso administrativo y el seguimiento del Expediente.

Condiciones Generales A Porcentaje: Coste Inicial Único de 295 € (Iva 21% Incluido) para Reclamaciones hasta 6.000 € + Porcentaje sobre Indemnización obtenida.
El cierre de comercios el 14 de marzo provocó que millones de establecimientos en España tuvieran que cesar su actividad como medida de freno de la pandemia del denominado Covid-19. Este cierre masivo de tiendas a pie de calle, está ocasionando pérdidas muy cuantiosas a los negocios que han debido soportar muchos de sus costes fijos sin poder vender sus productos o servicios durante varios meses. El estado tiene la obligación de indemnizar este tipo de lesiones económicas causadas por su actividad o inactividad, ya sea normal o anormal. Y el resarcimiento de este daño económico a los comercios debe ser reclamado por los titulares mediante la conocida “responsabilidad patrimonial” que protege a los particulares, en este caso a los comerciantes, empresarios y autónomos con establecimientos abiertos al público frente a actuaciones u omisiones del Estado que les causen daños evaluables económicamente.

La indemnización a la que tienen derecho los establecimientos comerciales no se produce por el virus Covid 19 en sí, porque en realidad a las actividades comerciales no las ha clausurado la pandemia, sino por la medida de cierre de las actividades comerciales decretada por la Administración hacia unos negocios que disponen de una licencia de apertura al público y autorización para ejercer una actividad comercial normalizada de la que el propi estado se nutre de ingresos públicos a través de impuestos indirectos (IVA) y de impuestos directos por el ejercicio de dichas actividades lucrativas (Impuesto de la Renta a los comerciantes, de sociedades si la actividad se desempeña a través de personas jurídicas). Indemniza.org se ha desplegado un amplio equipo de peritos especializados en valoración de daños económicos a empresas y de abogados administrativistas para protagonizar una de las reclamaciones masivas de responsabilidad patrimonial al Estado más numerosa de la historia reciente, porque en realidad es la primera vez que se decreta un cierre general de los establecimientos comerciales a nivel nacional (con las sabidas excepciones de los denominados sectores esenciales). Y es que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma, recoge en su art. 10 el cierre masivo de los negocios abiertos al público bajo el siguiente tenor: “·Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas…”. Además la norma exceptúa una lista de establecimientos y actividades que sí pueden permanecer abiertas (establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías) y se decreta el cierre (suspensión) de cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.

La literalidad de la última disposición de la norma que ordena el “suspensión de cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio” delata que la Administración ha considerado las actividades comerciales como focos del contagio por lo que ha penalizado las actividades causando una lesión en sus intereses que deben ser reparadas mediante un resarcimiento económico igual al legítimo beneficio dejado de percibir durante el periodo de cierre (el lucro cesante ocasionado al comercio) junto a los perjuicios ocasionados por una reapertura limitada o condicionada.. Los daños directos, adicionales al lucro cesante, que el Estado debe indemnizar a los comerciantes afectados por el cierre provienen de muy diversos perjuicios directa e indirectamente ocasionados a los titulares de los establecimientos comerciales:

Una pérdida súbita de existencias comerciales no vendidas e irrecuperables (principalmente productos perecederos de diferentes sectores (hostelería, restauración, floristería, etc); Pérdidas de explotación adicionales por el escalonamiento en la autorización de reaperturas y la reducción objetiva de capacidad productiva por limitaciones de aforo, ocupación, apertura o asistencia en los establecimientos comerciales (especialmente en sectores de hostelería, restauración, viajes, transporte, deporte, servicios personales diversos, espectáculos, eventos, formación, hospedaje o grandes superficies, entre otros) o de autorizaciones de apertura por unidades de negocio, así como de la exigencia de atención a clientela mediante cita previa u otras condiciones limitativas de la prestación del servicio o puesta a disposición del producto a la clientela; Otras pérdidas adicionales derivadas de la ralentización en la recuperación de cifras de ventas análogas a las de la serie histórica del negocio tras la reapertura, bien por efectos de la sugestión social con derivadas ante el consumo y el mercado (y por tanto a la clientela cierta o potencial del negocio afectado) e igualmente con afectaciones a la demanda de productos y servicios, provocando rigideces antes inexistentes y con el inequívoco resultado de pérdida de oportunidad en la actividad comercial y por tanto en el resultado operativo del negocio;

La incidencia en el resultado de explotación de la actividad por la concurrencia de costes ex novo necesarios para la adaptación de locales, establecimientos o infraestructuras y/o dotaciones comerciales a nuevas medidas regladas o recomendadas para la reordenación de la oferta de productos y servicios a exigencias de distanciamiento social o prevención sanitaria y que se materializan en inversiones en nuevas infraestructuras o en la adaptación de los elementos e instalaciones de la actividad (entre otras muchas posibles, las de reordenación de salas de espera, mostradores o zonas comunes, control de accesos, implantación de sistemas de medición de temperatura, implementación de protocolos y mecanismos de atención turnada de clientes, mecanismos de desinfectación o elementos de higienización y/o precinto de material, instrumental u otros elementos de la actividad, etc…) y que además se habrían visto artificialmente encarecidas por el nacimiento de un flujo de demanda inesperado en dichos artículos;

Reducciones de los ratios de productividad por operario nacidos de limitaciones o distanciamiento en el centro de trabajo, de adquisición y puesta disposición de medios de protección personal u otras medidas sobre el trabajo, los operarios, proveedores, clientes, horarios, medios operativos, condiciones de seguridad e higiene, entre otras; Costes adicionales a los precedentes al cierre derivados de una nueva hiperregulación de actividades, procedimientos o protocolos de producción, venta o prestación del servicio que exija la formación y adaptación de los equipos humanos o de la maquinaria o equipamientos, así como de medios de comunicación y alteración del uso de infraestructuras comunes y zonas de aseo, acceso o circulación concurrente de clientes tanto en el interior de las instalaciones de las empresas y comercios, como en sus medios de transporte, en su caso;

Una perdida objetiva de clientela por efecto propio e indirecto de la ruptura en la habitualidad del consumidor a anteriores modelos de adquisición de bienes o servicios profesionales, con una afectación directa en la fidelización de la clientela como activo empresarial, todo ello sumado a la fuga de ventas por el reconocido nacimiento de alternativas de consumo on line o a domicilio, antes inexistentes para una parte del mercado y los consumidores, afectando en su conjunto a la clientela de los establecimientos obligados a cerrar, así como la pérdida de estímulo comercial especialmente en sectores basados en la pública concurrencia (entre otros, hostelería, ocio, espectáculo, cultura, formación, entretenimiento, deporte, etc) y finalmente por una pérdida de capacidad adquisitiva de los consumidores por incrementos exponenciales en el desempleo y la intensa recesión económica; Pérdidas directas o indirectas de actividad por aplazamiento de la reapertura de colegios, enseñanza universitaria, transporte aéreo u otras moratorias en los procesos de autorización de reapertura en algunos sectores productivos; Incrementos en los costes de personal derivados de restricciones en los medios de transporte a los centros de trabajo, así como por efecto en los índices de productividad laboral nacidos de incrementos y nuevas exigencias de prevención de riesgos laborales de los trabajadores así como de salud e higiene en el trabajo; y/o

En su caso, perjuicio finalista en actividades que hayan sufrido un impacto económico por el cierre decretado, en una magnitud insuperable que que inviabilice la continuidad de la actividad o exija a los titulares inversiones, readaptaciones comerciales o materiales inejecutables, antieconómicas o que provoquen tales limitaciones en la capacidad productiva en el establecimiento que lo arroje a la definitiva clausura. En conclusión, el cierre ordenado a los establecimientos comerciales y “locales” abiertos al público por el real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de declaración del estado de alarma, ha generado una responsabilidad patrimonial del estado que deberá resarcir a los titulares de las actividades por el lucro cesante generado durante todo el periodo de cierre, más los daños complementarios que se la han ocasionado, como perjuicio directo e indirecto de dicho decreto.

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