Teléfono de contacto: 91 079 10 10 info@indemniza.org

CONSULTA URGENTE

Empresario · Comerciante · Autónomo:

Tiene derecho a una Indemnización

CIERRE DE EMPRESAS, COMERCIOS y ACTIVIDADES
por ESTADO DE ALARMA

CIERRE TEMPORAL O CIERRE DEFINITIVO:
(*) Coste Inicial único de 295€ + Porcentaje de la Indemnización

En toda España

Reclamamos su Indemnización por Cierre en cualquier parte de España. Solo tiene que contactarnos y NOS OCUPAMOS DE TODO, esté dónde esté.

Le explicaremos cómo hacernos llegar desde cualquier lugar lo necesario para evaluar su caso, calcular el peritaje de su lucro cesante y de todos los daños complementarios que el Cierre y la puesta en marcha de su negocio le hayan causado.

En breve tendremos preparado su pericial y su reclamación ante la Adminstración, redactada por ABOGADOS ESPECIALISTAS.

Tiene Derecho a Reclamar

La declaración del Estado de Alarma le ha obligado a cerrar su negocio, paralizar su actividad, perder sus legítimos beneficios y sufrir un sinfín de perjuicios y daños adicionales para reabrir su actividad.

Tiene derecho a reclamar y TIENE DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN que le compense esas pérdidas y todos los daños. No renuncie a sus derechos. DÉJELO EN NUESTRAS MANOS. Somos Especialistas y vamos a reclamar lo suyo.

Abogados a Porcentaje

Solo tendrá que abonar un gasto mínimo para el peritaje (de 295 euros) y NOS OCUPAMOS DE TODO.

Todo el proceso administrativo está incluido por UN PORCENTAJE DE LA INDEMNIZACIÓN QUE OBTENGA: el Estudio de Viabilidad, el Peritaje Especializado de su lucro cesante y daños complementarios, la Redaccción de la Reclamación por Abogados Expertos en Reclamación de Responsabilidad Patrimonial, la Defensa en todo el proceso administrativo y el seguimiento del Expediente.

Condiciones Generales A Porcentaje: Coste Inicial Único de 295 € (Iva 21% Incluido) para Reclamaciones hasta 6.000 € + Porcentaje sobre Indemnización obtenida.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el CoVid-19, señala en el artículo 10 : “Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales”, dispone la suspensión de la actividad del Reclamante bajo el siguiente tenor literal: “1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.

3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.

6. Se habilita al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por razones justificadas de salud pública, con el alcance y ámbito territorial que específicamente se determine.”

El cierre decretado ha supuesto la práctica anulación de todos los bienes y derechos de los establecimientos afectados y de las autorizaciones de explotación de la actividad económica. Esos bienes y derechos dañados no se han visto restaurados con la mera autorización de reapertura tras la conclusión de la vigencia del cierre. Muy al contrario, el denominado “escalonamiento” de la restauración del statu quo precedente a la declaración del estado de alarma ha exigido una suerte de condicionantes y limitaciones a la capacidad productiva y comercial de la actividad que han impedido restituir los índices de funcionamiento general y los resultados operativos del negocio mutilados por la orden de cierre. Las intensas rigideces en todos los ámbitos de la actividad comercial que han impedido restablecer la actividad económica con una mínima regularidad, se ha generado en la esfera jurídico-económica de los titulares de los comercios una lesión directa y causal en sus bienes, activos y derechos de contenido económico, empresarial y patrimonial, de la que, conforme a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico, habrá de responder la Administración mediante el instrumento de la Responsabilidad Patrimonial, compensando, indemnizando y/o resarciendo los daños derivados de las medidas adoptadas.

Además, el RD 463/2020, de 14 de junio se sirvió de las potestades descritas en el art. 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estados de alarma, excepción y sitio, cuyo tenor literal dispone:

“Artículo once. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto”.

Resulta discutible la aplicabilidad de la medida de “cierre” (“suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas”) de los comercios minoristas ordenada por el art. 10 del RD 463/2020 de declaración del estado de alarma, ya que la limitación de la permanencia de personas en lugares determinados del apartado a) del precepto no implica el cierre de los establecimientos, ni tampoco el espíritu del precepto en su apartado c) relativo a la intervención transitoria de industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza responde a la orden de cierre de los comercios minoristas. Dicha medida tan excepcional y extraordinaria quedaría reservada a los estados de excepción regulados en la meritada LO 4/1981, de estados de alarma, excepción y sitio. En concreto su art. 26.1 señala:

Art 26.1 : “Uno. La Autoridad gubernativa podrá ordenar la intervención de industrias o comercios que puedan motivar la alteración del orden público o coadyuvar a ella, y la suspensión temporal de las actividades de los mismos, dando cuenta a los Ministerios interesados”.

La Administración eligió la figura del estado de alarma ─y no de la del estado de excepción─ como medida para posibilitar el mantenimiento de la normalidad mediante atribuyéndose para sí poderes ordinarios de otras Autoridades competentes, ─en concreto respecto de los comercios y establecimientos minoristas abiertos al público el de las Comunidades Autónomas en materia de sanidad, industria, regulación comercial, etc… o de los Ayuntamientos en materia de apertura, funcionamiento, ordenanzas u otras materias reservadas a las entidades locales por su normativa específica─. Por lo tanto, la declaración del estado de alarma para incardinar en su seno ámbitos restrictivos de derechos que no se compadecen con tal figura ─y que son propios del estado de excepción─ permitiría entablar el debate ab initio desde una perspectiva de la legalidad de la medida de cierre al público de los establecimientos comerciales minoristas.

A mayor abundamiento de lo anterior, la presunta irregularidad de la medida vendría de la naturaleza jurídica de la medida de cierre de los establecimientos, en tanto en cuanto no solo no se encuentra regulada entre las conferidas a la Autoridad gubernamental para el estado de alarma, sino que, además, estaría restringiendo ─aboliendo en realidad─ derechos con alcance constitucional del art. 38 CE (“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”) y reconocidos también en su dimensión de libertad de comercio y empresa como derecho fundamental en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 16 : Libertad de empresa “Se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales”.) El primer efecto material de la orden de cierre de los establecimientos comerciales abiertos al público en el seno de la declaración del estado de alarma ─en lugar del estado de excepción, donde encontraría el adecuado cobijo legal, conforme a lo previsto en el art. 26.1 de la citada LO 4/1981, es un ejercicio de la potestad administrativa sancionadora que resultaría exorbitante a la declaración efectuada mediante el RD 483/2020 de 14 de marzo. Por ello, la naturaleza sancionadora del decreto de “cierre” de los establecimientos comerciales sin haberse dotado del procedimiento legal requerido para ello (declaración de estado de excepción) vulnera las garantías procesales derivadas del principio de tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución en su artículo 24 y de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrada en su art. 9.3.

Y es precisamente la garantía de seguridad jurídica prevista en el art. 9.3 CE la que habría decaído en la actuación de la Administración pública al decretar el cierre comercial de establecimientos minoristas porque la medida no era indispensable ni insustituible por otras medidas menos gravosas para el ejercicio del libre comercio de los establecimientos afectados, ni las razones de salud pública exigían esta medida como única e indiscutible. De ahí que el decreto de cierre adolezca de arbitrariedad que resulta constitucionalmente vetada a las Administraciones Públicas. Esta falta de seguridad jurídica para el establecimiento reclamante, además resulta inequívocamente contraria a la interpretación de la Carta Magna por parte del Tribunal Constitucional, toda vez que resultó inesperada y súbita y por lo tanto ausente de los criterios de “certeza” y de “publicidad normativa” que el Alto Tribunal exige para que se otorgue el debido cumplimiento a la seguridad jurídica (vid. SSTC 27/1981, y 227/1988).

La suspensión de la apertura al público de los establecimientos constituye en sí un ejercicio inmediato de la potestad sancionadora de la Administración ─en este caso de la autoridad central que la declaración del estado de alarma concentra en los Ministerios delegados─. Este hecho cobra especial importancia en la inicial antijuridicidad del cierre indiscriminado de los establecimientos comerciales en relación con la “certeza de la norma”, entendida ésta como la previsibilidad sobre los efectos de su aplicación. Así, los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos del art. 9.3 CE exigen que la norma sea comprensible y clara para que los ciudadanos conozcan el elenco de derechos y obligaciones que les afectan. El Real Decreto 463/2020 irrumpe en el derecho fundamental a la legalidad sancionadora promulgado en el art. 25 CE.

© Todos los derechos reservados . Indemniza 2020 (www.indemniza.org)

Ofrecemos asesoramiento legal en otras áreas

Abogados de Divorcio

Como cada matrimonio es distinto y las circunstancias que provocan su crisis también son diferentes, ofrecemos servicios adaptados.

Más Info

Abogados Herencias

La herencia es acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras personas.

Ver más

Custodia Compartida

La custodia alternativa ofrece numerosas ventajas en relación con la necesaria protección de los menores y de los padres.

Saber más

Abogados Pymes

Los trámites que se habrán de efectuar para la constitución y puesta en marcha de una empresa bajo la figura jurídica de sociedad mercantil.

Más Info

Abogados Penalistas

La denuncia es la declaración que se efectúa para poner en conocimiento del Juez, Ministerio Fiscal o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ver más

Negligencias Médicas

La negligencia es en sí la demostración de que el médico o el profesional de que se trate, ha sido el causante del daño que se imputa por descuido.

Saber más

Su Abogado Personal

Si necesita asesoramiento preventivo personalizado, defensa legal en cualquier ámbito o un Bufete que represente sus intereses y derechos, no dude en visitarnos.

Despacho en Madrid

Disponemos de Abogados especialistas asociados en todo el territorio nacional, en todas las materias de tratamiento personalizado, y estamos sobradamente preparados para gestionar la solución legal a sus necesidades.

Contacte con nosotros

#

Llámenos al 91 079 10 10

Llámenos y consúltenos personalmente todo lo que necesite. Nuestro Equipo Jurídico se encuentra a su entera disposición.

No se preocupe por nada ¡Nosotros le llamamos!

Escríbanos completando su nombre y su teléfono y le llamaremos para atenderle de forma personalizada