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Tiene derecho a una Indemnización

CIERRE DE EMPRESAS, COMERCIOS y ACTIVIDADES
por ESTADO DE ALARMA

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Tiene Derecho a Reclamar

La declaración del Estado de Alarma le ha obligado a cerrar su negocio, paralizar su actividad, perder sus legítimos beneficios y sufrir un sinfín de perjuicios y daños adicionales para reabrir su actividad.

Tiene derecho a reclamar y TIENE DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN que le compense esas pérdidas y todos los daños. No renuncie a sus derechos. DÉJELO EN NUESTRAS MANOS. Somos Especialistas y vamos a reclamar lo suyo.

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Todo el proceso administrativo está incluido por UN PORCENTAJE DE LA INDEMNIZACIÓN QUE OBTENGA: el Estudio de Viabilidad, el Peritaje Especializado de su lucro cesante y daños complementarios, la Redaccción de la Reclamación por Abogados Expertos en Reclamación de Responsabilidad Patrimonial, la Defensa en todo el proceso administrativo y el seguimiento del Expediente.

Condiciones Generales A Porcentaje: Coste Inicial Único de 295 € (Iva 21% Incluido) para Reclamaciones hasta 6.000 € + Porcentaje sobre Indemnización obtenida.
Entendemos por “fuerza mayor” el acaecimiento de un suceso imprevisto, insólito y con unos efectos inevitables que, no estando dentro del ámbito de decisión y/o capacidad de la Administración, hace desaparecer ese nexo causal que se exige para relacionar el daño sufrido con la actuación (u omisión) prestada o decidida por la Administración. Así, ni siquiera la enfermedad en la que trae causa el decreto por el que se adopta aleatoriamente por la Administración la adopción de la medida que no le había sido recomendada por ningún organismo sanitario del “cierre” de los comercios minoristas puede ser calificada stricto sensu como de “fuerza mayor” para la administración española por las siguientes razones y motivos:

a.- El suceso ─llegada de una enfermedad infecciosa en forma de coronavirus─ no puede ser calificado precisamente de “imprevisto” por la Administración que conoció, como se ha destallado desde el mes de enero de 2.020, la existencia de dicha enfermedad su avance y la elevada transmisibilidad del virus entre la población de otros países (principalmente República Popular China, en su fase embrionaria y de inicio de la expansión entre la población) y muy especialmente cómo esa misma autoridad administrativa vino inobservando de forma reiterada y presuntamente culposa, la adopción de numerosas medidas de información y comunicación social a la ciudadanía para contener la expansión y contagio masivo de la población, así como de otras de recomendación o exigencia a la sociedad para frenar un notorio y manifiesto desarrollo de la infección hasta convertirla en una pandemia global con semanas de anterioridad a la adopción de la medida de cierre decretado de los establecimientos comerciales minoristas.

b.- Tampoco la llegada de la enfermedad a nuestro país puede considerarse en modo alguno como algo “insólito” para las autoridades administrativas, ello por numerosas razones: (i) desde el mes de enero de 2.020 se estaban produciendo advertencias y llamamientos por parte de la OMS a toda la comunidad internacional para aplicar medidas del Reglamento Sanitario Internacional a la vista de la aparición de un virus de características análogas al anterior SARS y sobre el que el organismo ya estaba publicando estudios que evidenciaban la cepa; (ii) la enfermedad no está ausente o carente de introducción en cualquier clasificación, como se describe a un acontecimiento “insólito”. Muy al contrario, también en fechas muy anteriores a la declaración del estado de alarma y cierre comercial, se publicaban prolijos estudios de superposición del Covid-19, entre los que destacan los que ya clasifican al nuevo coronavirus dentro de la misma familia del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). El informe difundido por la OMS ha revelado que el agente etiológico responsable del brote de neumonía en Wuhan ha sido identificado como un nuevo betacoronavirus. El hallazgo ha sido posible gracias a técnicas de secuenciación máxima (NGS) de virus cultivados o muestras analizadas de varios pacientes afectados. Las pruebas del microscopio electrónico revelaron un virus con una morfología de corona característica: un coronavirus. Este tipo de virus son zoonóticos, lo que significa que se transmiten entre animales y personas. Las investigaciones anteriores encontraron que el SARS-CoV se transmitió de gatos de civeta a humanos y el MERS-CoV de camellos y dromedarios a humanos. Varios coronavirus conocidos circulan en animales que aún no han infectado a los humanos.

c.- Tampoco se pueden describir los efectos del virus como “inevitables” en el sentido de poder “impedir que ocurra una circunstancia desagradable o molesta, especialmente una desgracia”. La evitación de los efectos de una pandemia no puede ser otra que la substracción a la generación de fallecimientos en última instancia y de contagios como primera medida. La muerte de más de 58 personas por cada 100.000 habitantes que ha registrado hasta mayo de 2.020 nuestro país sin duda que pudo haber sido evitable, porque ello lo pone de manifiesto que países tan cercanos como Portugal solo han registrado una tasa de mortalidad sobre 100.000 personas de 13 fallecimientos, o incluso en países muy cercanos al foco de expansión de la enfermedad (China) han registrado tasas prácticamente nulas de fallecimientos por cada 100.000 habitantes ─Corea del Sur del 0,47; Japón del 0,65; Marruecos 0,56)

d.- En conclusión, sin la existencia objetivizada ni de suceso “imprevisto” para la Administración española, ni desde luego tampoco de una naturaleza “insólita” o “evitable”, no se puede hablar de una fuerza mayor invalidante de la enfermedad.

Sin embargo, no es a la enfermedad a la que se le tendría que confrontar la posibilidad de constituir un caso de “fuerza mayor” excluyente de la obligación de resarcimiento a los particulares cuyos derechos han sido lesionados, sino al cierre de los establecimientos, a la medida adoptada para frenar la enfermedad en sí. Porque no es el virus el que ha cerrado los establecimientos, sino el RD 463/2020 de 14 de marzo dictado por el Ministerio de la Presidencia. El virus denominado Covid-19 no es el causante directo y objetivo del cierre del establecimiento (como sí hubiese sido otra circunstancia de auténtica fuerza mayor como una riada, un tornado, un derribo, una explosión u otra manifestación proveniente de la naturaleza o de la acción humana de la que dependiera en su producción material el inevitable, inesperado e insólito cierre del establecimiento comercial). Debemos insistir en esta apreciación, ─determinante para excluir toda posibilidad de aplicación de la figura jurídica de la fuerza mayor como excepción de la concurrencia de derecho indemnizatorio en forma de resarcimiento por responsabilidad patrimonial de la Administración a favor del comercio clausurado por el art. 10 del RD 4653/2020 de 14 de marzo─: el coronavirus Covid-19 no ha clausurado el establecimiento, lo ha hecho una norma ministerial en forma de Real Decreto y cuya medida no resulta tampoco inevitable por la obvia razón de que no todos los estados afectados por la pandemia la han adoptado. Muy al contrario, numerosos países en los que se han adoptado medidas de contención de la enfermedad distintas al cierre masivo de los establecimientos minoristas, presentan resultados a mayo de 2.020 significativamente más favorables en términos de fallecimientos por 100.000 habitantes y de contagios. A modo de ejemplo, no excluyente:

a.- En Corea del Sur se han cerrado establecimientos comerciales de hostelería (bares y restaurantes) que tuviesen efectos en la transmisibilidad de la enfermedad. Las autoridades de ese país adoptaron medidas de analítica (test) masivos a la población con un seguimiento telemático de cada ciudadano, decretando el cierre de un establecimiento de hostelería de pública concurrencia, solo en caso de que la secuencia de contagio de un individuo dejara el rastro geolocalizado de paso por un establecimiento. El resto de comercios minoristas han permanecido abiertos. El país presenta una mortalidad del 0,47 por 100.000 habitantes (123 veces inferior a la española).

b.- En Japón no se ha decretado el cierre indiscriminado de establecimientos comerciales, limitándose la apertura de establecimientos de hostelería hasta las 08:00 horas PM y se han establecido desde el inicio de la pandemia estrictas medidas de distanciamiento social y de protección personal e individual. Japón presenta una mortalidad vinculada al coronavirus de 0,65 por cada 100.000 habitantes (89 veces inferior a la de España). c.- En Brasil permanecen abiertos gran parte de los establecimientos comerciales minoristas y las acciones de limpieza y distanciamiento social son intensas. El país presenta una tasa de mortalidad del 11,21 por cada 100.000 habitantes (5 veces inferior a la española)

d.- Otros muchos países solamente han decretado cierres sectorizados de establecimientos de pública concurrencia en los que exista imposibilidad de llevar a cabo un efectivo distanciamiento social (bares, discotecas, teatros, cines, etc), muchos de ellos con resultados en letalidad muy inferiores a los de nuestro país.

En conclusión, la reclamación que los comercios y establecimientos abiertos al público pudieran entablar frente a la Administración por el cierre decretado en el art. 10 del Real Decreto de declaración de estado de alarma, debiera ser acogida y declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública indemnizando a los comerciantes por los perjuicios económicos que esta circunstancia lesiva les ha ocasionado.

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