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Tiene derecho a una Indemnización

CIERRE DE EMPRESAS, COMERCIOS y ACTIVIDADES
por ESTADO DE ALARMA

CIERRE TEMPORAL O CIERRE DEFINITIVO:
(*) Coste Inicial único de 295€ + Porcentaje de la Indemnización

En toda España

Reclamamos su Indemnización por Cierre en cualquier parte de España. Solo tiene que contactarnos y NOS OCUPAMOS DE TODO, esté dónde esté.

Le explicaremos cómo hacernos llegar desde cualquier lugar lo necesario para evaluar su caso, calcular el peritaje de su lucro cesante y de todos los daños complementarios que el Cierre y la puesta en marcha de su negocio le hayan causado.

En breve tendremos preparado su pericial y su reclamación ante la Adminstración, redactada por ABOGADOS ESPECIALISTAS.

Tiene Derecho a Reclamar

La declaración del Estado de Alarma le ha obligado a cerrar su negocio, paralizar su actividad, perder sus legítimos beneficios y sufrir un sinfín de perjuicios y daños adicionales para reabrir su actividad.

Tiene derecho a reclamar y TIENE DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN que le compense esas pérdidas y todos los daños. No renuncie a sus derechos. DÉJELO EN NUESTRAS MANOS. Somos Especialistas y vamos a reclamar lo suyo.

Abogados a Porcentaje

Solo tendrá que abonar un gasto mínimo para el peritaje (de 295 euros) y NOS OCUPAMOS DE TODO.

Todo el proceso administrativo está incluido por UN PORCENTAJE DE LA INDEMNIZACIÓN QUE OBTENGA: el Estudio de Viabilidad, el Peritaje Especializado de su lucro cesante y daños complementarios, la Redaccción de la Reclamación por Abogados Expertos en Reclamación de Responsabilidad Patrimonial, la Defensa en todo el proceso administrativo y el seguimiento del Expediente.

Condiciones Generales A Porcentaje: Coste Inicial Único de 295 € (Iva 21% Incluido) para Reclamaciones hasta 6.000 € + Porcentaje sobre Indemnización obtenida.
Las reclamaciones a favor de todos los comercios que han sido cerrados por la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ─al amparo de la necesidad de frenar la pandemia del Covid 19─ deben ser atendidas por la Administración y los comerciantes (empresarios y autónomos) titulares de esos establecimientos deben ser indemnizados. Las razones son inequívocas: Las administraciones públicas deben desempeñar sus funciones con arreglo a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y con sometimiento pleno a la ley y al derecho, tal y como se impone por el art. 103.1 de la Constitución Española. En el art. 106.2 de nuestra Carta Magna se reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por la actuación de las administraciones públicas que haya lesionado sus bienes y derechos, excepto en casos de fuerza mayor y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, bajo la previsión de su regulación legal en el art. 149.1.18º CE.

Por un lado, los establecimientos han sufrido pérdidas en la oportunidad de obtener beneficio empresarial ─lo que pudiera ser calificado jurídicamente como “lucro cesante”─ y por otro el titular del comercio habría sufrido unos daños emergentes por el cierre súbito y por una reapertura condicionada. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015, de 1 de octubre) desarrolla los principios generales que integran la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, y añade al régimen general previsto en la Constitución Española, ─en referencia de los daños por los que se reclama dicha responsabilidad─, la condición de que el particular no ha de tener el deber jurídico de soportarlos. En base a los principios normativos descritos, se requiere la concurrencia de tres requisitos para que tenga lugar la exigencia de responsabilidad a las Administraciones Públicas:
1º Que el daño producido sea  efectivo, individualizado y evaluable económicamente;
2º Que entre la acción u omisión de la Administración y el daño exista un nexo o relación de causalidad por ser consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, del servicio público.
3º Que el administrado no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido y no se haya producido por fuerza mayor.

Es fácilmente deducible que concurren todos y cada uno de los requisitos ordenados por la norma reguladora de la responsabilidad patrimonial de Estado: a.- El daño provocado a los establecimientos abiertos al público que han sido clausurados resulta efectivo. La lesión económica, patrimonial y financiera de una actividad productiva, cuyo único fin y objetivo es lucrativo, que de forma súbita es suspendida resulta objetivamente efectiva, cierta y coherente con la pérdida de su objeto.

b.- Ese daño resulta individualizado para el reclamante toda vez que la unidad patrimonial del establecimiento permite concretar la singularidad de la lesión bajo una mera evaluación y cuantificación empírica del lucro cesado y de los perjuicios emergentes traducidos en más pérdida de explotación en la actividad, inversiones a costa de dicha cuenta de resultados en medidas de distanciamiento y otras dotaciones y/o equipamientos.

c.- La evaluación económica del daño resulta perfectamente objetivizable tanto por el lucro cesante (valor de la pérdida como resultado del valor de la ganancia dejada de obtener y objetivamente alcanzada en periodos anteriores de actividad) como por el daño emergente (coste efectivo de la reducción de capacidad de producción como coeficiente del beneficio dejado de percibir y de las inversiones obligadas en nuevas infraestructuras y dotaciones antes inexigidas al establecimiento).

d.- La acción de la Administración materializada en la promulgación del RD 463/2020 en cuyo art. 10 se decreta el cierre de los establecimientos trae causa y razón en el cese de la actividad y la suspensión de la actividad productiva y lucrativa. La causalidad resulta evidente. E incluso también las omisiones de la Administración (si bien no resulta exigible por la norma más que una de ellas: acción u omisión) habrían resultado generadoras del daño económico y patrimonial materializado en la pérdida de actividad y por tanto de la oportunidad de generar beneficio empresarial, al haberse ignorado, como se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, las recomendaciones de las autoridades internacionales y las obligaciones de la función y servicio público que le es conferido por el ordenamiento jurídico.

e.- El resultado lesivo al reclamante ha podido ser causado por un funcionamiento normal o anormal del servicio público. Ha quedado acreditado que la promulgación del RD 463/2020 ha podido constituir una prestación normal del servicio público ─sin perjuicio de que la medida contenida en el art. 10 que decreta el cierre de los establecimientos comerciales no resultaba imprescindible y la medida no resultaba recomendada por ningún organismo sanitario (ni OMS ni ECDC)─. Sin embargo, si la medida de cierre comercial se adopta por parte de la Administración de forma súbita y para retener una expansión de la pandemia y una infección masiva entre la ciudadanía, ésta sí pudo traer causa o al menos verse gravemente incrementada como consecuencia de la conducta omisiva y/o culposa de los organismos de prevención y alerta de emergencias sanitarias que ignoraron de forma reiterada e incomprensible las advertencias, alertas y recomendaciones concretas para el freno y contención de la transmisibilidad de la enfermedad. Por tanto, la acción/omisión notoriamente anormal de la Administración que origina y motiva la promulgación de la declaración del estado de alarma que decretó el cierre masivo de los comercios también pudiera ser constitutivo de culpa y por tanto no solo generar la responsabilidad patrimonial por actividad normal y anormal, sino de otra responsabilidad adicional, de naturaleza contractual.

f.- El administrado no tuvo la obligación de soportar el daño producido. Ninguna autoridad sanitaria internacional exigió, ni tampoco recomendaría, proceder al cierre de los establecimientos comerciales. Y tampoco ninguna autoridad sanitaria ni organismo científico nacional lo hizo. Por tanto, ante la inexistencia de recomendaciones técnicas y/o de informes o dictámenes forenses, facultativos o científicos del cierre de establecimientos minoristas el Real Decreto 463/2020 utilizó un criterio arbitrario que además de resultar contrario a lo exigido por el art. 9.3 CE, no provocaría en modo alguno obligatoriedad al titular del comercio a soportar el daño y la lesión económica y patrimonial que el cierre le ha ocasionado.

Por otro lado, la cuestión del deber jurídico de soportar daños de acuerdo con la ley no puede invocarse por diferentes razones: la primera porque la Ley Orgánica 4/81 de Estados de Alarma, Excepción y Sitio establece en su artículo 3.2 que “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes” y el RD 463/2020 no efectúa mención alguna a dicho reconocimiento del derecho a la indemnización. Por tanto, los comerciantes afectados directamente por la declaración del estado de alarma (art. 10) podrán reclamar una indemnización al Estado por los daños económicos sufridos por la paralización de la actividad productiva de sus negocios, con las consecuentes pérdidas patrimoniales que esto supone para ellos. Así entra en juego la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que tiene sustento en el mismo artículo 116.6 de la Constitución Española que dispone: “La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes”.

En consecuencia, la declaración del estado de Alarma, no exime a la Administración que lo decreta ni a sus agentes, de la obligación de responder de los perjuicios económicos y patrimoniales ocasionados como consecuencia de las medidas adoptadas en el art. 10. Y es que no se trata de la solicitud de indemnizaciones a la Administración con motivo de los daños que les cause la enfermedad, dado que la expansión del virus se ha visto incrementada debido a la conducta omisiva y a la inobservancia reiterada de las recomendaciones y medidas que se le apuntaron por los organismos internacionales ─y que debería de haber adoptado con mucha más celeridad tal y como le viene exigido por el propio Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR). © Todos los derechos reservados . Indemniza 2020 (www.indemniza.org)

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